La situación es crítica. En todas partes se está traspasando una vez más el elevado coste de la crisis capitalista a los trabajadores, eliminando de un plumazo sus conquistas históricas o introduciendo reformas que afectan a sus condiciones de vida inmediatas y a futuro, y el paro vuelve a alcanzar magnitudes que son un claro revés para la clase trabajadora. Al mismo tiempo, las organizaciones que teóricamente defienden los intereses de los trabajadores carecen de representatividad y de influencia, y los grandes sindicatos han hecho de la capitulación permanente su razón de ser tras años de firmas que han hecho de la regresión social la tendencia institucionalizada de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Deviene urgente, por lo tanto, trazar propuestas en dos frentes simultáneamente, trabajando en la elaboración de iniciativas que sirvan lo mismo para defenderse de la ofensiva orquestada por el capital para restaurar su rentabilidad perdida, como para fortalecer a las organizaciones de las que, de forma autónoma, se han dotado los trabajadores para defender sus intereses. Todo ello sin perder la perspectiva, sin olvidarse de que la única salida de la crisis que genuinamente puede reivindicarse como favorable para los trabajadores es una transformación social profunda, es decir, una salida que deje atrás a la vez las crisis y el capitalismo que las engendra.
Dada la limitación de espacio, a diferencia de lo que hemos hecho en otros trabajos[1], vamos a desarrollar en este artículo un esquema conceptual que aúne teoría y acción, insertando a la vez un resumen de las propuestas que, con la vista puesta en los objetivos mencionados, están siendo trabajadas en el Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión (ICEA).
Un esquema para la acción
Resulta imprescindible dotarnos de un marco general de propuestas y actuación que pueda servir de herramienta para conseguir la gestión de la economía y la sociedad por parte de la clase trabajadora, empezando por aumentar la influencia de las organizaciones sindicales de clase y anarquistas, así como de otros movimientos sociales igualmente promotores de una vía revolucionaria hacia la autogestión. En esta línea pueden agruparse las medidas que el ICEA propone en cuatro ámbitos según su alcance: reformistas, progresivas, transformadoras y revolucionarias.
Las medidas reformistas serían aquéllas que plantean realizar reformas o ajustes a la política económica o laboral con el objetivo principal de proporcionar a la clase trabajadora una estrategia defensiva ante la crisis. Asimismo este tipo de propuestas pretende desmantelar la faceta represiva y de control del Estado (extendiendo los ataques al gasto militar y a la creciente industria de control social, por ejemplo), facilitando la posibilidad de un control sindical y social efectivo, aspecto este que se amplía en el caso de las medidas progresivas. Un tercer objetivo de este grupo de propuestas es poner en evidencia qué intereses defiende el Estado para contribuir a su deslegitimación una vez expuesta su función de guardián de la acumulación de los beneficios privados y, por tanto, para provecho de los empresarios.
Empezando por el mercado de trabajo es necesario aumentar el salario mínimo para desencadenar una mejora en el nivel de vida de la población en su conjunto (pues subirían los demás salarios directos, y además muchas de las prestaciones sociales que componen los salarios indirecto y diferido). Es falaz el argumento de que esta medida causaría más paro entre trabajadores poco cualificados, pues ello depende del resto de medidas que se introdujesen (véase, por ejemplo, Card y Krueger, 1992, para el caso de la industria de comida rápida en EE.UU.). Por la configuración de la economía española, esta medida estimularía el crecimiento dado que cualquier posible perjuicio del aumento salarial sobre la inversión se compensaría con el aumento de la demanda agregada a él asociado (véase Naastepad y Storm, 2007). Como también es excesivamente simplista argüir que implicaría una menor competitividad: el discurso del cambio de modelo está sirviendo para atacar al trabajo cuando hay evidencia empírica suficiente de que mejores salarios incentivan la economía del conocimiento al fomentar la sustitución de trabajo por capital y, con ello, un aumento de la productividad. El Gráfico 1 recoge la relación entre el gasto privado en I+D y los salarios medios en la UE-15 entre 1998 y 2007 poniendo de manifiesto la relación positiva entre ambas variables.
Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostat.
Evidentemente, estas medidas deben ir acompañadas de una amplia gama de políticas activas que sirvan para ir reduciendo el desempleo existente y reforzando los efectos positivos de ellas en el mercado de trabajo. El Estado debe contribuir al reciclaje de los trabajadores desde sectores de salarios bajos, como el turismo (gran especialidad española), a otros de salarios más acordes con la media europea. Además debe crear empleo público en las numerosas áreas en que el país es deficitario, como sanidad, educación, escuelas infantiles, atención domiciliaria, y un largo etcétera. Parte de este aumento del gasto puede compensarse reduciendo radicalmente costes innecesarios, como los sueldos del jefe del Estado y su familia, así como los de los políticos de todas las administraciones. También es imprescindible reducir los gastos militares y policiales hasta que lleguen a desaparecer.
Otra vía para financiar medidas como las anteriores pasa por acabar con los paraísos fiscales que hay en la propia economía española, como las SICAV y las SOCIMI. No se puede argumentar que un aumento salarial provocará una fuga de capitales y al mismo tiempo aprobar la eliminación del veto fiscal a la inversión en fondos de inversión especializados (SIF) luxemburgueses, eliminación que sólo beneficia a quienes puedan invertir un mínimo de 1,25 millones de euros, y que implica la tributación por debajo incluso de las SICAV (a un 0,01% frente al 1% de aquéllas, véase Expansión, 1/06/2010). Asimismo es posible elevar el IVA a los artículos de lujo y eliminarlo en los bienes de primera necesidad, así como incrementar el IRPF a las rentas más altas, el impuesto de sociedades y recuperar el impuesto de sucesiones, entre otras.
Por último, otro campo donde es necesario abundar también desde las medidas de tipo reformista es el relacionado con la ecología, lo que incluiría la exigencia del Estado a las empresas (tanto locales como trasnacionales y sus filiales) de que asuman su deuda ecológica. De igual modo, las políticas públicas deben tener en cuenta su coste ecológico (ecoeficiencia máxima) favoreciendo las alternativas que lo minimizarían al máximo y convirtiendo esta faceta en una clave de su concreción (en vez de una mera coletilla para guardar las formas, como hasta ahora). Para lograr esto es necesario obligar a que la base de esas políticas sea la mejora de la calidad de vida partiendo de la idea de suficiencia humana (tal y como se expone desde el movimiento del decrecimiento).
Ninguna de estas medidas por sí sola trasciende el estrecho corsé de los evidentes límites del sistema capitalista (injusticia distributiva estructural, ausencia de democracia, catástrofe ecológica, etc.), pero son una muestra de que no hay una única alternativa de política económica, sino que se puede enfrentar la crisis poniendo sobre la mesa estos problemas y tratando de avanzar en una línea que sea beneficiosa para la mayoría de la población, en claro contraste con la tendencia actual. Dicho esto, es necesario fortalecer la base desde la que atacar la sociedad de clases, para lo que las anteriores medidas serán del todo inútiles si no se complementan con las siguientes.
Las medidas progresivas se plantean con el objetivo de reforzar la intervención económica y social del sindicalismo de clase y anarquista junto con otras organizaciones sociales, como proceso hacia una gestión obrera y social, y como garantía de representación de los intereses generales. Por ejemplo, las medidas mencionadas de gasto e ingresos públicos corren el riesgo de ser desvirtuadas si no aumenta la capacidad de control por parte de los trabajadores del fraude fiscal y de la corrupción política, para lo que se torna necesario crear mecanismos de vigilancia en manos de sindicatos asamblearios y de base. Este tipo de medidas requieren un trabajo constante para tomar el control de las empresas y los organismos obreros en un futuro, así como precisan de una actuación política netamente revolucionaria para evitar convertirse en un aparato más del Estado. Un ejemplo de medidas progresivas sería la eliminación de las ETT y el establecimiento de bolsas de trabajo controladas por los sindicatos de clase, o el control sindical de las instituciones que forman el sistema financiero. En este punto estas organizaciones también deben ejercer un control sobre el impacto que tienen las inversiones en la salud laboral y el medio ambiente vital, tanto en las empresas como en los pueblos, creando los órganos de decisión e influencia pertinentes (control social de las inversiones para incluir los márgenes ecológicos, etc.).
Las medidas transformadoras buscarían la sustitución de la gestión privada y estatal por la gestión obrera y social, sin llegar a cambiar el sistema económico y social en su totalidad, aunque como paso previo, a modo de “gimnasia revolucionaria”. Dentro de este grupo se encuentran la recuperación de empresas y la creación de cooperativas, así como, en el medio rural, la ocupación de tierras y su puesta a disposición de los jornaleros. La recuperación de empresas y su cooperativización conecta con la necesidad de rechazar los despidos y sostener el empleo. Asimismo la cooperativización se ve legitimada por la abundante evidencia empírica sobre la mejor eficiencia, justicia y democracia de este tipo de empresas frente a las capitalistas tradicionales[2]. Estas medidas también estarían dirigidas a relocalizar la economía desde el punto de vista ecológico, aprovechando el alto grado de control sobre la inversión, recuperando las economías locales ecológicamente sostenibles y priorizando una base de la economía que garantice una creciente calidad de vida, sin comprometer la de las generaciones venideras ni la conservación del planeta, y en contraposición a la economía actual.
Por último, la única medida revolucionaria sería la transformación total del sistema económico y social. Por ello es necesario estudiar en qué economía y en qué sociedad queremos vivir, y también cómo afrontar el eventual período de transición. La idea de éste es importante en tanto debe servir para evitar una vuelta atrás al sistema anterior, para evaluar el papel de los diferentes agentes sociales –de ámbito local e internacional– en este proceso, y para ver también qué instituciones actuales pueden o deben subsistir y cuáles deben desaparecer. Además, la inclusión de la noción ecológica no se puede resumir en su cuantificación monetaria (como un coste más) sino que ha de hacerse de una manera integral. Si el desarrollo del capitalismo va ligado a la sobreexplotación y degradación del medio ambiente dada la lógica que lo guía (crecimiento ilimitado e infinito), desde el punto de vista de la naturaleza es absolutamente ilógico e irracional y es preciso contemplar el rechazo al crecimiento económico tradicional (industrial, desarrollista y de consumo) y poner en su lugar una producción y distribución basadas en las necesidades, teniendo en cuenta estos límites. En todo caso, de poderse aplicar un cambio revolucionario, la economía y la sociedad deberían organizarse bajo unas premisas ético-morales libertarias, con control democrático, planificación social, satisfacción de las necesidades humanas como guía de la producción y distribución, y en detrimento del lucro privado.
La puesta en marcha de estas propuestas exige pensar en el actor que ha de servir para ello, y en este caso, como se ha mencionado, solamente puede tratarse de un tipo de sindicalismo que, por su naturaleza estrictamente asamblearia esté fuera de toda sospecha su compromiso de clase. Pero además ese sindicalismo de tipo libertario podrá verse acompañado de otras organizaciones sociales que hagan posible que se pueda desarrollar y articular el proceso que implican estas medidas en torno a tres frentes. El primero sería el de las propuestas y el de los programas de actuación generales. Es necesario desarrollar estudios y propuestas solventes con el fin de contrarrestar el discurso capitalista que legitima las actuaciones de la patronal y los gobiernos. En esta línea hay que trabajar en el plano ideológico para que la propaganda y la acción anarquistas lleguen a la mayor parte posible de la población con el fin de cuestionar el pensamiento hegemónico que dicta el sentido común, creando el tipo de órganos que permitan la elaboración de un conocimiento autónomo. Este frente es importante en tanto tiene relación con los dos siguientes, más vinculados a la acción sindical y social. Un segundo frente es el de las empresas. La resistencia en las empresas es crucial para evitar la aplicación de las medidas en marcha destinadas a castigar a la clase trabajadora: hay que evitar los despidos individuales, los expedientes de regulación de empleo o el cierre de empresas con una salida favorable para la patronal. Negarse a aceptar este ajuste es fundamental y la única forma de forzar que las rentas empresariales vuelvan a la producción y a sostener el empleo y las rentas laborales como un primer paso en la línea defensiva de los trabajadores antes la crisis. Un tercer frente se da en los pueblos y ciudades. Se vuelve ineludible empezar a articular mecanismos de unidad de acción sindical y social, trazando vínculos entre las empresas y los pueblos y ciudades donde están localizadas, de forma que se pueda resistir a estos ataques contra nuestras condiciones de vida. Hace falta crear un polo de atracción para un sindicalismo verdaderamente combativo junto con organizaciones sociales que hagan posible su puesta en marcha para beneficio del conjunto de los trabajadores, lo que implicaría la expansión de la resistencia a las políticas de privatizaciones, a la corrupción política y empresarial, y a la aplicación de políticas neoliberales en general.
Conclusiones
Hay que tener en cuenta que la única forma de acabar con la explotación, las clases sociales y las crisis económicas, es acabar con el capitalismo. Por lo tanto, todas estas medidas progresivas y transformadoras tienen que ser impuestas a la patronal y al Estado según la correlación de fuerzas que tengamos, sin perder nunca de vista el objetivo final de sustituir el capitalismo por un sistema económico basado en la autogestión obrera y social. Es indispensable contemplar la posibilidad de promover procesos revolucionarios en la medida en que sirven no sólo como objetivo final sino también para impulsar la investigación y la praxis parcial con el fin de profundizar en esa línea. Sin embargo, siendo conscientes de la correlación de fuerzas actual es conveniente analizar nuestras propuestas en perspectiva inversa: el objetivo sería que con el tiempo podamos proponer y aplicar fundamentalmente un proceso revolucionario, que al no ser posible a corto plazo, nos empuja a proponer medidas transformadoras, progresivas y reformistas, de forma que las tres últimas vayan perdiendo su peso paulatinamente hasta desaparecer junto con el capitalismo y el Estado.
Evidentemente, la interrelación dialéctica entre dicho esquema de medidas (según correlación de fuerzas) y entre las medidas en sí, puede contener puntos de colisión (por ejemplo, hay que hacer compatibles las medidas de índole ecológica con las que promueven una redistribución de la renta a favor de los trabajadores para evitar que las primeras, como viene siendo habitual, se introduzcan a costa de éstas). Por ello creemos que de la experimentación y aplicación se pueden depurar las formas de conceptualización y proposición.
Lluís Rodríguez, Endika Alabort, Luis Buendía y Salvador Comendador*.
Referencias citadas
Bowles, S; Gordon, D; Weisskopf, T. (1989) La economía del despilfarro. Alianza, Madrid, 1989.
Bowles, S; Gordon, D; Weisskopf, T. (1992) Tras la economía del despilfarro. Una economía democrática para el año 2000. Alianza, Madrid, 1992.
Card D. y Krueger A. B. (1994) “Minimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast-Food Industry in New Jersey and Pennsylvania”. The American Economic Review, 84, 4, 772-793.
Naastepad, C.W.M. y Storm, S. (2007) “OECD demand regimes (1960-2000)”. Journal of PostKeynesian Economics, 29, 211-246.
* Lluís Rodríguez es economista y estudiante de postgrado en Trabajo y Política Social, Endika Alabort es economista, Luis Buendía es investigador y doctorando del Departamento de Economía Aplicada I de la UCM, y Salvador Comendador es economista. Todos ellos son miembros del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión (ICEA).
[1] En nuestra publicación Cuadernos del ICEA nº 1: Crisis económica y resistencia obrera hicimos una pormenorizada recopilación de medidas y propuestas que ahora están siendo revisadas de cara a una segunda edición que recoja un mayor análisis de los efectos y consecuencias de su aplicación. Esa primera edición está disponible para su descarga desde nuestra página web,http://iceautogestion.org/, en el apartado Publicaciones/Cuadernos del ICEA.
[2] El desarrollo de procesos democráticos incrementaría la productividad entre un 15% y un 30%, según varios estudios citados en Bowles, Gordon y Weisskopf (1989: 360-361; 1992: 153-161). Existen mayores incentivos al trabajo dado que se tiene un mayor nivel de acceso a la información y la participación de los trabajadores, disminuyendo a su vez los costes de control. Para países periféricos permiten una mayor tasa de inversión y consumo, con un mayor crecimiento económico.
ICEA – Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión
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