El próximo domingo 1o de abril está convocada la Xª Marcha contra la Macrocárcel de Zuera, convocada por la Iniciativa Ciudadana Contra Las Macrocárceles, en la que participamos activamente.
Previa a la Marcha está convocada una charla en el local del Sindicato a el sábado 9 las 19:00 en la que se hará un resumen de la situación actual de las prisiones y los 10 años de Marchas y se tratarán las condiciones de trabajo que sufren las personas presas en la prisión. Además contaremos con la colaboración del compañero Amadeu Casellas que nos contará su experiencia en la prisión y la lucha que ha mantenido contra la represión y la cárcel.
Aquí puedes encontrar la convocatoria de la Marcha y este es el manifiesto de este año:
DIEZ AÑOS DE MARCHA CONTRA LA MACROCÁRCEL.
LUCHANDO POR LA VISIBILIDAD DE LAS PERSONAS PRESAS.Un gesto tan aparentemente inocuo como puede ser comprar un producto en un supermercado puede tener detrás el trabajo, en condiciones de precariedad absoluta, de una persona presa.
Con los planes que, desde la construcción de la primera macrocárcel en los 90 hasta hoy en día, han invisibilizado a l@s pres@s de cara a la opinión pública, vino también el trabajo en prisión del que se benefician empresas públicas y privadas.
Las personas encarceladas padecen una doble invisibilidad. Por un lado por el hecho de estar presas, en los nuevos modelos de centro penitenciario, muy alejados de las poblaciones y por ello del entorno familiar, en esas ciudades-cárcel en que se han convertido las macrocárceles como Zuera, donde el preso ya no sólo no es noticia, más que en los casos más extremos como los suicidios, sino que se convierte en cifra, un número apabullante que crece año tras año hasta sumar las casi 80.000 personas que viven diariamente tras los muros de las cárceles en el Estado Español.
Pero, por otro lado, también la persona presa padece la invisibilidad de ser un suculento negocio para toda una serie de empresas sin escrúpulos.Las cárceles son un negocio que no conoce la crisis, de hecho mientras preparamos esta nueva edición de la Marcha a Zuera se anuncia la construcción de una nueva prisión en Teruel y en Zubieta y Nanclares se construirán dos nuevas macrocárceles.
Pero no es sólo una reconvertida industria del ladrillo la que saca tajada de la institución penitenciaria. No debemos obviar que cada persona presa cuesta al erario más de 34.000 euros al año. Una cantidad nada desdeñable que pensamos podría destinarse a mejores fines, como prevenir las situaciones sociales que generan el delito. Todo ese dinero beneficia a contratas de todo tipo y personal funcionario, pese a que en el Estado Español, sobre el papel, existen alternativas al ingreso en prisión.
Asimismo, una vez que la persona entra en la cárcel puede seguir siendo un negocio para las empresas que han generado toda una industria a costa del sudor de l@s pres@s, que trabajan por un salario ínfimo, que en ningún caso supera el mínimo interprofesional y que puede ser de 250 euros mensuales por 8 horas diarias.
El trabajo en prisión es totalmente opaco de cara a la opinión pública. Se concede por la junta de tratamiento, no posee garantías laborales ni derecho de sindicación y es una vía más de coacción a las encarceladas, que viven con la presión de no poder perder su destino, para no empeorar su situación de cara a futuros beneficios penitenciarios.
Pero, asimismo, a esta cruda realidad se siguen sumando otras denuncias crónicas que hemos venido haciendo públicas en los ya diez años de existencia de la Marcha contra la macrocárcel de Zuera, como el hacinamiento en las prisiones del Estado Español, la persistencia de enfermedades graves y personas enfermas incurables entre los muros, las muertes sin esclarecer, el hacinamiento agravado de los módulos de mujeres, la privatización de los centros de menores… Pero, sobre todo, queremos denunciar la continuidad de un modelo penitenciario que consideramos un completo fracaso, que no soluciona los delitos, sino que se limita a encerrar personas, mediante un modelo que prioriza el castigo por encima de todo y que garantiza la seguridad del personal funcionario, pero no de las personas presas, eternas olvidadas de una sociedad en la que la crisis económica puede que también lo sea de silencio.