El salto: No caso 14N: grabaciones, contradicciones y cintas de vídeo

La Policía Nacional admite haber destruido sus propias grabaciones dejando sin pruebas a la acusación del “No caso” del 14N en Logroño. Esas grabaciones y sus vicisitudes resultan cruciales para el relato del proceso contra sindicalistas más largo de todo el Estado.

El 9 de abril entra a juicio el proceso más prolongado del país contra sindicalistas a partir de la huelga General del 14 de noviembre del 2012. Es el que se conoce como “No caso del 14N” de Logroño, en el que Jorge Merino y Pablo Alberdi son acusados de disturbios y atentados contra la autoridad, al igual que en otros procesos resultantes de la última huelga general.

La peculiaridad de este caso, además de su prolongación en el tiempo, ha sido el papel que han tenido las grabaciones de vídeo de los hechos y el devenir de dichas imágenes a lo largo de los más de cinco años de proceso. Como comentan desde la plataforma Stop Represión de La Rioja, que se ha articulado en apoyo a Jorge y Pablo, el relato de las eliminaciones de pruebas, contradicciones con los sindicatos policiales y grabaciones que contradicen el atestado policial “parecen ingredientes de una película de cine negro”.

Durante las cargas policiales y disturbios que se sucedieron frente al palacete del Gobierno Regional, en la céntrica plaza del Espolón de Logroño, multitud de manifestantes vieron cómo un funcionario policial estaba grabando todo el operativo. Localizado siempre a pocos metros de los agentes de antidisturbios tuvo una vista privilegiada de todo lo ocurrido. Estas grabaciones son el hilo conductor de esta trama.

El SUP confirma que existen grabaciones íntegas

Cuatro meses después de los hechos, la violencia de las cargas policiales seguía siendo un tema candente. Izquierda Unida había interpuesto en febrero del 2013 una querella contra el Delegado del Gobierno en La Rioja, Alberto Bretón, como máximo responsable de las fuerzas de seguridad en aquel día de huelga general. Dicha querella no llegó a cursarse, ya que el juzgado interpuso una fianza récord de 10.000 euros para iniciar el trámite. Mientras pocos meses antes, querellas similares habían tenido 300 euros de fianza, como en el caso de Cristina Cifuentes en Madrid, y hasta 3.000 euros en el caso del delegado del gobierno en Murcia.En este clima, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) emitió un comunicado en defensa de la actuación de los agentes aquella noche que recogió el diario La Rioja. En dicho comunicado esgrimían como defensa la existencia de “grabaciones íntegras realizadas por funcionarios policiales” de todo el operativo y que dichas grabaciones “se habían puesto en manos de quien debía juzgarlas y valorarlas”.

La existencia de grabaciones policiales estaba confirmada y se dejaba claro que podían ser un material aclaratorio tanto para la culpabilidad como la inocencia de los acusados.

La defensa de Jorge y Pablo solicitó esas grabaciones durante las diligencias de urgencia que se abrieron 24 horas después de los hechos. Cuando el juicio rápido se aplazó y se iniciaron de nuevo las diligencias judiciales para el juicio ordinario, se volvió a pedir dichas grabaciones.

La Policía Nacional admite que destruyeron las grabaciones

En abril de 2013, seis meses después de haber transcurrido las cargas, la Jefatura Superior de Policía La Rioja respondió al requerimiento del juzgado informando de que dichas grabaciones habían sido destruidas.Según los mandos policiales, esas grabaciones no tenían la calidad suficiente para ser eficaces “desde la perspectiva de la operativa policial”.

Este documento oficial de respuesta fue recibido por la defensa pocos días después de que el SUP publicará el comunicado en el que defendía la actuación policial con la existencia de esas grabaciones “íntegras”.

Desde El Salto hemos intentado ponernos en contacto con la delegación regional pero a fecha de publicación de este artículo todavía no hemos recibido respuesta del SUP respecto a las contradicciones que se pueden derivar de la respuesta de la Jefatura Superior de Policía y el comunicado del sindicato policial.

El abogado de Pablo Alberdi, Endika Zulueta, ha solicitado a la juez que en el próximo juicio se identifiquen y declaren los mandos policiales que decidieron la destrucción de dichas grabaciones para esclarecer los hechos. Como indica Henar Moreno, la abogada de Jorge Merino, aunque pueda parecer sospechoso, esta eliminación de las grabaciones “no se puede considerar técnicamente destrucción de pruebas” ya que se eliminaron antes de que pudieran considerarse como tales.

Del mismo modo, se solicitaron las grabaciones de la cámara de seguridad del palacete del Gobierno de La Rioja frente al cual sucedieron los hechos. Esas grabaciones también fueron eliminadas. Según el protocolo de seguridad se borran al cabo de un mes. Al igual que sucedió con las grabaciones policiales; ni el fiscal, ni el juez de guardia ni la Brigada de información de la policía nacional que realizó el atestado solicitaron esas imágenes. Tan solo la defensa fue la única parte que se interesó por ellas y, dado el aplazamiento del juicio rápido, su solicitud excedió ese plazo.

Admitidos como prueba los vídeos domésticos de manifestantes

Mientras que la “calidad de imagen” fue la disculpa de la Jefatura de la Policía Nacional para eliminar las grabaciones, Stop Represión La Rioja realizó desde un inicio un trabajo de recopilación de vídeos de los hechos grabados con móviles o cámaras amateur. Grabaciones reunidas de la multitud de manifestantes que fueron testigos del discurso de Jorge, de las cargas policiales y la detención de Pablo.En mayo de 2017, después de haber transcurrido cinco años, en la vista de previa conformidad donde finalmente se acordó la fecha de juicio, la juez Maria del Mar Fernández admitió como pruebas una serie de vídeos que presentó la defensa.

Desde la plataforma de Stop Represión destacan cómo “resulta paradójico que esos vídeos que se grabaron en 2012 y sirven para exculpar a Jorge y Pablo, si llegan a ser grabados a partir de 2015, podrían ser constitutivos de delito gracias a la Ley Mordaza”. Estos vídeos, según la defensa, contradicen el relato del atestado policial que inicia el proceso del 14N en Logroño.

Estos vídeos han pasado a ser el material más eficaz de la difusión del ‘No caso del 14N’ y visualizado indispensable cada vez que la plataforma ha realizado charlas o presentaciones dentro y fuera de La Rioja. Se espera que estos vídeos admitidos como prueba se visualicen en el juzgado el primer día del juicio, el próximo 9 de abril, el mismo día que declaran Jorge, Pablo, los testigos de la acusación y los de la defensa.