Compañerxs, como bien sabéis todxs, la jornada de huelga general el pasado 14N se saldó (entre otras consecuencias represivas) con la detención de dos de nuestros compañeros. Hemos ido informando de lo sucedido aquel día con distintos escritos, comunicados, vídeos… pero ha habido novedades en el proceso penal que se ha abierto contra ellos y queremos informaros de cómo es la situación actual.
Si bien en un principio la fecha del juicio estaba fijada para el 15 de febrero, esta cita se suspende ya que el 5 de febrero, en la vista previa, la fiscalía imputa a otra persona por distintos delitos en la causa que está abierta contra nuestros dos compañeros y también se persona el abogado de estado, por lo que, el proceso debe reiniciarse nuevamente. El proceso pasa de urgentes a diligencias previas lo que va a suponer un retraso del juicio de varios meses.
Se da el plazo de 5 días hábiles para volver a presentar pruebas, testigos… y así se hace.
El escrito de acusación de la Fiscalía, además de no tener en cuenta la versión de los imputados y dar como única y auténtica la versión de la policía, en un principio, acusa a uno de nuestros compañeros de los delitos de desórdenes públicos, atentado con medio peligroso y una falta de lesiones. Al otro compañero le acusan de delito de desórdenes públicos, autor por inducción del delito de atentado a agentes de la autoridad, dos faltas de lesiones y el delito de daños cualificados.
En el primero de los casos, puede que el medio peligroso al que hacen referencia sea el cartel que el compañero llevaba cuando se dirigen sin miramientos hacia él terminando con su detención… Y en el segundo de los casos, las teorías son un poco más complejas de imaginar… ¡¡¡ y es que no se encontraba en el lugar donde se produjeron los altercados y se le responsabiliza absolutamente de todo lo que ellos quieren decir !!!
En total se pedían para el primero de los detenidos: 5 años y 9 meses de prisión además de un mes de multa con una cuota diaria de 10 euros, es decir, un total de 300 euros. Para el segundo detenido: 7 años y 3 meses de prisión con una multa de 14 meses con una cuota de 10 euros diarios: un total de 4.200 euros. Además tienen que indemnizar a uno de los policías en 105 euros de forma conjunta, por cada día de curación. y el segundo de los detenidos a otro agente más en 140 euros y 1.291 euros por los gastos de reparación del vehículo policial. Insistimos: él ni se encontraba en el lugar de los hechos.
El 5 de febrero, fecha de la vista previa, el fiscal modifica sus peticiones (de una falta de lesión, se cambia el punto de vista y ahora se tipifica como delito, aumentando las penas solicitadas para nuestros compañeros) y ahora se piden: para el primero de los detenidos, 6 años y 9 meses de prisión y para el segundo, 8 años y 3 meses de prisión además de 17 meses de multa con una cuota diaria de 10 euros, es decir, 5.100 euros. Además, a los dos compañeros se les pedía anteriormente el pago de una indemnización (de forma conjunta) a uno de los agentes de policía en 105 euros por cada día de curación siendo ahora el importe de dicha indemnización para ese mismo agente de 1.000 euros por cada día de curación (asombroso: se pasa de pedir 105 euros/día a pedir 1.000 euros/día); 1.000 euros más por secuelas así como el pago de todos los gastos médicos sufragados por el agente.
Y si sólo con esto no fuese exagerado, desproporcionado, abusivo e injusto, al segundo de los detenidos se le pide el pago por otro agente herido de 160 euros por cada día de curación (antes se pedían 140 euros) y aparecen como novedad 4 agentes más de policía para los que se pide una indemnización de 40 euros por día de curación a cada uno de ellos así como se mantiene el pago de 1.291 euros a la Dirección General de Policía por los gastos de reparación del vehículo policial dañado añadiendo como colofón a todas las peticiones económicas, una coletilla que no determina cantidad alguna y que dice: «… y en los gastos de reparación o reposición de los equipos e indumentaria policiales deteriorados». En fin, que las cantidades que se exige que paguen nuestros compañeros son imposibles de determinar.
Por lo tanto, y en lo que al proceso penal se refiere, nos encontramos en una fase de espera en la que más que nunca debemos mantener despierta la unión y la fuerza de todos/as contra un proceso injusto, premeditado y represivo, que refleja cuál es la violencia de estado que se está ejerciendo contra nuestro movimiento anarcosindical.
Pretenden acallarnos, pretenden asustarnos pero no lo van a conseguir… La criminalización y represión que estamos sufriendo es la única respuesta que son capaces de dar quienes saben que es la única manera de distraer nuestras acciones y evitar que dejemos aún más en evidencia lo que ellos hacen, sus actuaciones y decisiones: todas ellas causantes de esta estafa, de la creciente desigualdad y pobreza en la que nos vemos todos afectados. Seguiremos en lucha, seguiremos protestando y exigiendo que se cumplan nuestros derechos. Seguiremos denunciando todos los actos represivos que ejercen contra todos nosotros. Porque nuestros dos compañeros somos TODXS.