El 10 de octubre del 2012, la Confederación Hidrográfica del Ebro intento pisotear por cuarta vez la dignidad de Artieda. La CHE, acompañada de la Guardia Civil, intentó desalojar y expropiar tierras y granjas, pero enfrente se encontraron con un pueblo que no está dispuesto a perder sus tierras bajo un recrecimiento innecesario de Yesa, que solo traería miseria por encima de la presa y peligro e inseguridad por debajo, debido a los movimientos de tierra que se producen en torno al pantano.
Ese intento de expropiación se saldó con una docena de personas heridas tras la carga desproporcionada de la Guardia Civil frente a una concentración pacífica. A los pocos días la Audiencia de Zaragoza publicó un auto en el que se eximia a los guardias civiles y se mantenía los cargos contra los 8 manifestantes que fueron imputados. A estos 8 imputados se les piden penas que van desde los dos años y medio a los seis años y medio de prisión. Penas que son desproporcionadas y que nunca debieron de instruirse, penas que pueden arruinar la vida de ocho personas por el simple hecho de defender algo con lo que todo el mundo debería de estar de acuerdo: el derecho a una vida digna en su pueblo sin las amenazas de que algún día sus tierras puedan ser engullidas por un pantano.
La conocida injusticia de Jánovas puede volver a repetirse una vez más con Yesa, Mularroya, Biscarrués y Aguaviva por poner algunos ejemplos. Desde el Comité Regional Aragón-Rioja de CNT queremos mostrar todo nuestro apoyo y compromiso con los ocho imputados tras las cargas y exigimos su absolución.