El 25 de julio hemos tenido acceso a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 4 de la ciudad en el proceso que el Estado había abierto contra once militantes de esta organización tras ser irregularmente desalojados del antiguo Geriátrico San Jorge (C./Padre Manjón) el pasado 25 de febrero de 2013. En dicha sentencia el Juzgado procede a absolver a la totalidad de los imputados/as, al entender que no les es achacable a ninguno de ellos el delito de usurpación del que la Administración les acusaba.
Desde el sindicato, que trató de asumir la gestión del citado edificio por pertenecer éste al Patrimonio Sindical Acumulado (PSA), y tras constatar que la Administración lo tenía en estado de abandono, se valoró esta sentencia como “un espaldarazo judicial a nuestras reivindicaciones de que se cumpla la ley 4/86 de cesión de bienes del PSA y se corte con la prevaricación en torno a este derecho de todas las organizaciones sindicales”.
Asimismo, se afirmó que “esta sentencia pone de manifiesto lo profundamente falso de las actuaciones del abogado del Estado durante el juicio, quien en todo momento basó su estrategia en acusar a la CNT y a los imputados de no dar la cara, cuando tal y como recoge la sentencia el sindicato fue siempre transparente con la Administración, comunicando a Delegación del Gobierno por escrito y días antes de los hechos (a través del entonces Secretario General de la central en Zaragoza) sus intenciones de rehabilitar y gestionar el inmueble”. La defensa en el juicio de las personas acusadas corrió a cargo del Letrado Ramón Campos.
Acciones judiciales de la CNT contra el Estado
Por último, el sindicato recordó una vez más que este inmueble está reclamado mediante demanda contencioso administrativa contra el Estado en la Audiencia Nacional. Igualmente se señaló que “en este momento estamos asistiendo a una privatización encubierta con el PSA, puesto que patronal, CCOO-UGT y Estado se han puesto de acuerdo para liquidar todos los inmuebles que no les interesan y así refinanciarse, cuando estos inmuebles por ley son públicos y pertenecen a todos los trabajadores a través de las distintas organizaciones sindicales existentes, no sólo a dos de ellas (CCOO-UGT), que son las únicas que en la práctica disfrutan de este derecho hasta la fecha”. Por esta razón, la CNT ha instado la suspensión cautelar de la subasta por la que el Ministerio de Empleo pretende vender el antiguo hospital y se concentró en Madrid el día de la subasta que, en primera convocatoria, ha quedado desierta.